Ley de Prensa y Derecho Editorial

Los abusos de la libertad de expresión, es decir, los escritos de carácter ofensivo o difamatorio publicados en revistas, libros o sitios web y las redes sociales se rigen por un texto especial: el 29 de julio de 1881 de la Ley. Con este texto, el legislador quiere promover la libertad de expresión en detrimento de las personas implicadas en los escritos. La víctima de una infracción de su honor o consideración debe cumplir con el régimen muy particular de esta ley para buscar compensación en los tribunales.

Tendrá que actuar con rapidez, ya que la prescripción en la prensa es de sólo tres meses. Este período va desde el primer acto de publicación, que es de poca importancia por el tiempo que dura. En segundo lugar, la persona que inicia el procedimiento está obligada a determinar la naturaleza de la infracción. Esto puede ser difícil para la mayoría. Según la ley, una difamación es “Cualquier alegación o imputación de un hecho que infrinja el honor o la consideración de la persona …”, mientras que un insulto es “Cualquier expresión indignante, términos de desacato o invectiva que no contenga la imputación de cualquier hecho … “. En la práctica, la frontera entre los dos delitos suele ser muy delgada … y un error haría que los procedimientos sean nulos.

Por lo tanto, cualquier víctima de un delito de prensa tendrá un gran interés en consultar a un especialista lo antes posible para determinar si la acción propuesta está comprendida en el ámbito de la ley de prensa y no del common law si no se prescribe y si la infracción ha sido correctamente identificados.

Los escritores de todo tipo también tendrán interés en referirse a un especialista en la prensa y la publicación de leyes antes de publicar sus escritos. Será de su interés minimizar el riesgo de enjuiciamiento sobre la base de las infracciones mencionadas de la prensa o sobre la cuestión de la falsificación. También es importante asegurarse de que comprende, por ejemplo, las cláusulas del contrato de publicación propuestas por el editor, incluyendo el alcance de la asignación de derechos de autor. De hecho, en su función consultiva, el abogado es competente para volver a leer los contratos e informar a su cliente sobre el significado de las cláusulas técnicas antes de que éste se comprometa. Sobre todo porque el contrato de edición es un contrato especial cuyo régimen está previsto por el Código de la Propiedad Intelectual francés.